Verifactuya si eso

El Consejo de Ministros recibe el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal. Dentro, la prohibición del «software de doble uso»: programas con un botón escondido para hacer desaparecer ventas.

La idea es buena. De verdad. Apúntatelo, porque es lo último bueno que vas a leer en un rato.

Tres años y un reinicio después, sale la Ley 11/2021. Añade a la Ley General Tributaria la obligación de que el software de facturación no se pueda trucar, y el régimen de sanciones.

150.000 € al fabricante por cada ejercicio y cada tipo de programa. 50.000 € al año al usuario que use uno que no cumpla.

Las multas entraron en vigor el 11 de octubre de 2021. Lo que había que cumplir todavía no existía.

Hacienda saca a información pública el proyecto de reglamento. Los programas tendrán que estar adaptados desde el 1 de enero de 2024.

Sale el Real Decreto 1007/2023. Ahora sí: los programas, en marcha antes del 1 de julio de 2025.

Los fabricantes tendrán nueve meses desde que se publiquen las especificaciones técnicas. Que todavía no se han publicado. Pero tranquilo, que hay tiempo.

La Orden HAC/1177/2024 publica por fin cómo tiene que ser el programa. Nueve meses para los fabricantes: hasta el 29 de julio de 2025.

Haz la cuenta. El fabricante tiene hasta el 29 de julio. Su cliente tenía que usarlo desde el 1 de julio. Cuatro semanas antes.

Una semana. Eso duró. Hacienda abre una consulta pública para retrasarlo todo, y lo justifica con una frase que merece marco:

El Real Decreto 254/2025 lo mueve: sociedades, el 1 de enero de 2026; todos los demás, el 1 de julio de 2026. Ahora va en dos tandas, para que el lío también se reparta.

El plazo de los fabricantes es el único que nunca se ha movido. Desde este día, quien hace programas de facturación tiene que tenerlos listos.

Listos para clientes que, según el BOE de hoy, no están obligados a usarlos. Nosotros, por ejemplo: Verifactu construido, probado y esperando.

En septiembre, el 74 % de los obligados no se había adaptado, según la patronal Pimec. En noviembre, solo un 8 % de pymes y autónomos lo tenía implantado, según el observatorio de TeamSystem.

A falta de 29 días para la fecha, el Real Decreto-ley 15/2025 lo vuelve a mover: sociedades, el 1 de enero de 2027; el resto, el 1 de julio de 2027.

Detalle de artesanía: el aplazamiento va metido en un decreto-ley cuyo título habla del superávit de los ayuntamientos. Si buscabas Verifactu, estaba ahí, al fondo a la derecha.

El Congreso lo convalida el 11 de diciembre por 179 votos a 168.

Muchas empresas se habían pasado al SII, el otro sistema de Hacienda, para librarse de Verifactu. Con el aplazamiento, se quedaron dentro.

Un decreto-ley les abre la puerta para salir. El Congreso lo tumba el 27 de enero. Otro decreto-ley la vuelve a abrir. El Congreso lo tumba el 26 de febrero.

El mismo día que sale en el BOE la factura electrónica obligatoria entre empresas, Hacienda publica una nota: prevé aplazar Verifactu a octubre de 2028, para que todo llegue a la vez.

Octubre. Sin día. Y sin BOE: a 16 de octubre de 2026, las fechas que siguen valiendo son las de 2027. Por eso están tachadas a lápiz.

De la idea a la obligación: diez años. De la ley: más de siete. Del reglamento: casi cinco.

Si llega, claro.